INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE LA 4T

LA FALLIDA ESTRATEGIA DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder presidencial no ha solucionado el problema de la inseguridad en México. Al contrario, a casi ya cuatro años de haber iniciado el régimen de «La Cuarta Transformación (4T)», la ola de violencia continúa creciendo y extendiéndose a lo largo de todo el territorio nacional, en mayor o menor medida dependiendo de la zona. De hecho, según «Gallup», medio especializado estadounidense, nuestro país ocupa el sexto lugar a nivel mundial con el peor índice de ley y orden.

Esta crisis no convencional, que experimentamos a diario, se constituye por una multiplicidad de factores como la presencia de la delincuencia común, la violencia por razón de género, los feminicidios y los asesinatos a periodistas y miembros de los medios de comunicación. Además del arribo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, el fenómeno migratorio procedente de Centro y Sudamérica e incluye al conflicto abierto que el Estado sostiene con los grupos del crimen organizado, dedicados en su mayoría al tráfico internacional de drogas y a diversas actividades ilícitas: robo de combustible, extracción minera, explotación infantil, trata de personas, contrabando de especies exóticas, secuestro, extorsión, cobro de piso y lavado de activos financieros, entre otras. Cabe señalar que estas estructuras criminales transnacionales autodenominadas «cárteles», se disputan entre sí los territorios, las plazas, las rutas y los espacios de poder asociados a la producción de estupefacientes, intensificando así la violencia y lanzando un claro mensaje de desafío a las instituciones mediante actos terroristas.

Dentro de este diagnóstico inciden de forma negativa la falta de empleo, de educación, de servicios de salud, de oportunidades de desarrollo, de justicia social y de gobernabilidad, salarios precarios, la corrupción, la debilidad de los sistemas penitenciarios y de impartición de justicia, la polarización que día a día emana desde la conferencia matutina transmitida en Palacio Nacional, los efectos de la crisis sanitaria provocados por la pandemia de COVID-19, la inflación global y por supuesto la falta de voluntad política para resolver esta situación, que ya se salió de control y de la realidad que percibe este Gobierno Federal. No por algo surgieron autodefensas, ante el nulo accionar de las autoridades.

En ese sentido, las consecuencias de la inseguridad y violencia para nuestro país son alarmantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que arrancó la administración del Presidente López Obrador, con corte hasta mayo de este año, se han contabilizado 91,490 homicidios dolosos, una cifra mayor a las registradas durante el mismo lapso de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, enfatizando que con este último inició la llamada «Guerra contra el narcotráfico», que en palabras del Presidente López Obrador, «ésta ya terminó y la función de su gobierno no es perseguir delincuentes».

La inseguridad y violencia impiden el desarrollo democrático, la sana convivencia de la sociedad, crean un ambiente de hostilidad e incertidumbre y atentan contra la dignidad de nuestras comunidades, desalientan el turismo, la inversión extranjera e inhiben la economía local de sustento de muchas familias. Un ejemplo de ello fue la afectación a los costos de determinados productos y servicios que se incrementaron como resultado de esa tolerancia al crimen organizado. Esto fue el caso de precios como del limón, aguacate y otros cultivos, que afectaron nuestros bolsillos, ya que en algunas partes de Michoacán los cárteles se apoderaron de las tierras y comenzaron con la extorsión y el cobro de cuotas a productores del campo, provocando por ende la disminución de las cosechas y el encarecimiento de estas materias primas, sin que el Gobierno Federal tomara cartas en el asunto.

Ante este desalentador contexto, es momento de que el Presidente López Obrador y los miembros de la 4T reflexionen sobre su estrategia nacional de seguridad, por fallida, obsoleta e ineficiente, dejen de buscar y fabricar culpables, desistan de priorizar sus intereses políticos, abandonen el detestable discurso de «acusar a los criminales con sus abuelitas» o las invitaciones a la delincuencia «a portarse bien», y pongan por encima y con toda seriedad la paz de todos los mexicanos, puesto que la seguridad es una obligación que el Estado tiene que cumplir.

Nuestro país va por mal camino y la evidencia de ello es lo ya expuesto. Nadie está exento de los efectos negativos de vivir en un país con tal nivel de inseguridad y violencia, ni los seguidores más fieles del Presidente López Obrador, que ya también reconocen este flagelo por el que México atraviesa. Podrá el Presidente tener la suficiente popularidad que hace mantener su aprobación personal, pero no cuenta con el 77% de la ciudadanía que reprueba el trabajo de su gobierno y de la 4T en materia de seguridad, según datos de Consulta Mitofsky.

Será oportuno que se defina un marco jurídico como el de la Seguridad Interior, para que en los próximos años se fundamente y se le otorgue certidumbre al actuar de nuestras Fuerzas Armadas, ya que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, hasta 2023 estas mantendrían las labores de Seguridad Pública en tanto se completa la formación de la Guardia Nacional. Pero sabemos que vamos a seguir necesitando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada, porque son las instituciones mejor preparadas para enfrentar a los cárteles de la droga y más confiables para garantizar el orden, sobre todo en los municipios más azotados por la violencia. De ahí que también se exija el respeto a estas honorables dependencias, que han recibido la espalda del Jefe del Ejecutivo Federal, y se manejen con estricto apego a los derechos humanos.

Además, es pertinente que se dignifiquen las instancias de impartición de justicia, los cuerpos policiacos y que la colaboración interinstitucional aumente, que se pongan en marcha mecanismos de academias de profesionalización y vocación policial, se fortalezcan las labores de inteligencia, sobre todo las de carácter financiero y que haya una ampliación en las redes tecnológicas de vigilancia y contacto ciudadano a lo largo de la geografía nacional. Se requieren campañas de salud pública contra la drogadicción, fomentar la perspectiva de género, promover la denuncia, inculcar valores culturales de respeto a la legalidad, impulsar conductas cívicas y éticas, generar condiciones laborales y salarios dignos, recuperar espacios públicos, trabajar en una correcta reinserción social, apostar por la educación, el deporte y aprender de la experiencia de los modelos internacionales para combatir al crimen organizado, como el caso italiano donde se le hizo frente a la Mafia. En ese aspecto, la cooperación con Estados Unidos, aunque la relación bilateral no atraviese su mejor momento, y con los países de nuestra región, estas colaboraciones son fundamentales.

Hablamos de un problema nacional, por lo que necesitamos una reacción nacional. Requerimos de una participación conjunta, sociedad civil, empresarios, jóvenes, académicos, intelectuales, universidades, partidos políticos, comunidad religiosa, representantes y líderes populares, medios de comunicación, colectivos de víctimas, poderes de la unión y órdenes de gobierno. Son tiempos de unidad y el Presidente López Obrador tendrá que pensar en ir haciendo un llamado a esta. Los mexicanos merecemos tener un gobierno que responda a la inseguridad y violencia, que preserve el estado de derecho, la democracia, el orden constitucional, los derechos humanos, las garantías individuales y nuestras libertades. Y por supuesto, un gobierno que brinde un entorno de tranquilidad a todas nuestras familias.